Noticia publicada en elconfidencial.com y que demuestra cuál es el verdadero interés en los despidos masivos de trabajadores en las televisiones autonómicas.....
“Todo se va a resolver en los próximos seis meses. Y es clave tener caja”, se asegura desde una de las principales productoras de este país al referirse al negocio que supondrá la privatización en ciernes de las televisiones autonómicas. Una urgencia que explica la sucesión de movimientos entre bambalinas de los principales interesados. El pasado sábado El Confidencialadelantaba el pacto de exclusividad alcanzado por Telefónica con Factoría de Contenidos (Grupo Heraldo)para presentarse a los concursos de los gobiernos regionales. La apuesta subía ayer y quien movía ficha era Secuoya, la productora deRaúl Berdonés. La firma de capital riesgo N+1 tomaba el 55% de su capital para dotarle de músculo financiero. Todo un golpe de efecto.
“Nos interesa la producción de informativos y de programas cultural-divulgativos. Hablamos de presupuestos muy ajustados, con convenios de entre 20 o 30 millones”, aseguraba hace meses el propio Berdonés, antes de que el Gobierno diera luz verde a la privatización de las cadenas o –lo más probable que suceda- la externalización de contenidos puntuales. Un negocio de audiencias bajas y márgenes pequeños que, en primer lugar, obligará a los Secuoya, Vértice o Mediapro a disponer de liquidez para presentarse a los concursos. Con la operación anunciada ayer, N+1 inyectará a la compañía un mínimo de 20 millones de euros adicionales con el fin de proporcionar caja suficiente a la sociedad, que ya gestiona los servicios informativos de IB3, la televisión autonómica balear, y dota de equipos a Telemadrid.
Eso sí, aunque nadie lo reconozca abiertamente, los operadores saben que necesitarán influencia política. En este punto, la jugada de Secuoya es maestra. No en vano ha asesorado la operación Onza Partners, compañía integrada por los que hasta hace apenas unos meses eran ejecutivos de Vértice 360, que además se integran en el equipo directivo de la empresa con José María Irisarri a la cabeza. Hombre de amplia trayectoria en el sector, Irisarri fue uno de los nombres que más sonó para asumir a la presidencia de RTVE cuando el Partido Popular accedió al Gobierno. Llegan con él Ignacio Soto, Daniel Rubio y Nicolás Bergareche, también ex directivos de uno de los principales rivales de Secuoya.
No le faltará poder económico al enlace Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) y la editora del Heraldo de Aragón. TSA, que cubre toda la cadena de valor audiovisual desde el diseño a la posproducción de vídeo y audio, alcanzó el año pasado una cifra de negocio superior a los 200 millones de euros. Por su parte, el volumen de facturación del Grupo Heraldo superó los 100 millones. Ambas ya colaboran en la explotación audiovisual de Aragón Televisión y Aragón Radio, entidades para las que gestionan conjuntamente un contrato valorado en 30 millones de euros. Es más, la sociedad de la familia Yarza también ganó el jugoso concurso público de 77 millones de euros puesto en marcha por Aragón Televisión para dotar de contenidos a la cadena autonómica.
Falta por dar un paso adelante Vértice 360, la compañía de Manuel García-Durán. También con alianzas en mente para ganar peso de cara a las pujas que se avecinan. “Nuestro objetivo es consolidar nuestros servicios audiovisuales con la intención de convertir a Vértice 360 en uno de los principales actores de una actividad enmarcada hoy en la externalización/privatización de televisiones en España. Para ello estamos en proceso de construir alianzas y de llegar a acuerdos con diversas compañías del sector en nuestro país”, refería García-Durán en la reciente Junta General de Accionistas.
Unos números insostenibles
En línea con estos procesos se explica la reducción de las plantillas que ya han acometido algunas televisiones autonómicas y que está en marcha en otras. “Para entrar, es imprescindible que se adelgace la estructura de las cadenas, como ha hecho la valenciana, y que se reconozca la deuda, como es el caso de la catalana”, aseguraba en su día Berdonés. Por ejemplo, Telemadrid ha comenzado los trámites que concluirán en un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 700 y 800 trabajadores”, más del 70% de la plantilla. No será pionera. La RTVV acaba de cerrar su ERE con el despido de 1.198 trabajadores. Casi 11.000 trabajadores integraban las filas de las televisiones autonómicas a finales del pasado año.
Y es que ya no va más en estos grupos, cuyos números son dramáticos e insoportables por unas comunidades autónomas en apuros. De hecho, las auditorías de buena parte de las cadenas señalan que éstas se encuentran en causa de disolución, y sólo pueden continuar su actividad si tienen el respaldo de los diferentes gobiernos regionales. Es el caso de Telemadrid, que perdió 116,82 millones en 2011, cuantía que debe cubrir el Ejecutivo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya ha dejado claro que privatizará su frecuencia, “en el supuesto de que haya personas físcas o jurídicas interesadas en ello”. En esta línea, la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) cerró 2011 con unas pérdidas de 136,84 millones.
El Congreso de los Diputados aprobaba a finales de julio la reforma legislativa que permite que las televisiones autonómicas se privaticen total o parcialmente, cediendo a productoras privadas la gestión de contenidos concretos, entre ellos los informativos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había abierto el camino en el mes de abril, cuando anunció las claves de una reforma que incluía la necesidad de que las cadenas equilibren sus ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, más allá de que la gestión sea privada o pública.
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